De tanto en tanto la prensa nos recuerda que todavía existe a nuestro alrededor una zona de intolerancia absoluta que limita el libre albedrío de forma irracional debido a la doctrina católica, que únicamente debería obligar a sus seguidores, impregna de forma indecente la legislación de un Estado aconfesional, como el español, transformando el derecho a la vida en una obligación cuando no es más que un derecho no siempre respetado e impidiendo o dificultando que una persona haciendo uso de su libre albedrío tome la decisión más difícil de su vida: ponerle fin.
Si la víctima ha de sufrir el encarnizamiento médico, los colaboradores en el acto final, han de sufrir el encarnizamiento judicial.
No se puede olvidar el impresentable espectáculo de la caza de brujas que desataron, en la mejor tradición inquisitorial, las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid frente al Dr. Montes y un grupo de médicos acusados anónimamente de homicidio cuando lo único que hicieron fue aplicar, de forma humanitaria y desinteresada, cuidados paliativos a enfermos terminales.
Si ello es grave, lo es más el que no tuviera consecuencias en las pasadas elecciones.
Aunque el anhelo popular es claro cuando pide ”poco mal y buena muerte”, a nuestros cobardes gobernantes socialistas ahora no les parece políticamente oportuno enfrentarse con la jerarquía católica y mientras llega ese momento algunas personas han de sufrir la tortura de vivir y otras han de convertirse en delincuentes por llevar acabo un acto de amor.
Finalmente también habría que recordar a algunos suicidas lo de “muere y deja vivir”.
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