EL DIRECTOR DE LA AEPD EN EL CONGRESO

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, compareció el pasado 28 de noviembre ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para presentar la información más destacada de las actuaciones de la Agencia durante 2006 y 2007.

Consultas y sanciones
Las consultas durante el año 2006 se han mantenido estables, en torno a las 36.000,
mientras que los accesos a la página Web tuvieron un incremento del 45 por ciento, una cifra algo superior al millón y medio. Durante el año 2007 se consolidó esta
tendencia y a fecha de hoy la cifra ha alcanzado los dos millones de accesos.
El 50 por ciento de las consultas se han referido al ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En 2006 se iniciaron 1.282 expedientes de investigación, lo que supone un incremento del 11 por ciento (de los que un 94% fueron iniciados por denuncia y un 6% a iniciativa del Director de la Agencia).
Los procedimientos sancionadores iniciados en el ámbito privado se han reducido ligeramente, alcanzando la cifra de 281. En 2006 se resolvieron 307 procedimientos sancionadores, con un incremento del 12% y las multas declaradas por la agencia ascendieron a 24,4 millones de euros.
La agencia contaba en el año 2006 con una plantilla notablemente escasa de 113 personas, que ha abocado inevitablemente a una congestión de procedimientos
sancionadores —en torno a un millar— que necesita urgente solución.

Ficheros inscritos
Para que nos hagamos una idea de dónde pueden estar nuestros datos, la Agencia ha alcanzado ya la cifra de un millón de ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos. En relación a la titularidad de los ficheros, del millón de bases de datos que están inscritas en la Agencia Española de Protección de Datos, 939.258 pertenecen a empresas o entidades privadas (100.000 relacionadas con el Comercio, 96.000 de las Comunidades de Propietarios y 72.000 del sector Sanitario, son los mayoritarios) y 60.742 son ficheros de Organismos públicos (titularidad pública).

Videovigilancia
En su intervención ha llamado la atención sobre la proliferación que está experimentando en los últimos tiempos la instalación de cámaras de videovigilancia, no sólo por iniciativa de las administraciones públicas, sino mayoritariamente por empresas y particulares, por ejemplo, en comunidades de propietarios, comercios o en los medios de transporte público (metro, autobuses y taxis).
La evolución e incremento de los datos registrados en la Agencia, en relación con número de ficheros inscritos con fines de videovigilancia en el ámbito privado, que han pasado de 10 en 2003 a más de 3.550 en 2007, parece indicar “que somos los propios ciudadanos los que estamos dispuestos a convertirnos en nuestro propio “Gran Hermano”. Rallo insistió en que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben tener el monopolio de estos sistemas.

Internet
Artemi Rallo llamó la atención sobre uno de los principales retos actuales: el desarrollo tecnológico que pone a disposición de cualquier persona extraordinarias herramientas para la captación y el divulgación de información de terceros.
La aparición de nuevos servicios en Internet, que como YouTube permiten la difusión global de imágenes a todos los usuarios de la Red. En este sentido, Artemi Rallo ha manifestado su preocupación por el hecho de que estos sistemas “puedan poner a disposición de cualquiera nuestra imagen y someter a notables riesgos la privacidad y la dignidad del ciudadano”. "Las nuevas tecnologías pone hoy en jaque los criterios tradicionales de garantía de privacidad y exige una actualización y adaptación urgente".En la comparecencia también se ha referido a la necesidad de ofrecer garantías frente a los nuevos riesgos derivados de servicios de Internet como los “motores de búsqueda y los servicios de correo electrónico”. En este sentido ha aludido a la iniciativa que está llevando a cabo la Agencia para analizar las políticas de privacidad de los principales buscadores de Internet. Rallo ha destacado que los usuarios desconocen el alcance del uso de los datos personales obtenidos al utilizar dichos servicios, por lo que es preciso desarrollar nuevas políticas informativas visibles, claras y transparentes que informen a los usuarios sobre el uso y conservación de sus datos personales cuando realizan búsquedas en Internet. Además, ha recordado que los buscadores deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esta garantía adquiere gran relevancia respecto de los servicios de búsqueda por cuanto que, ha indicado, “aunque la incorporación y uso inicial de determinada información personal en la Red pueda estar legitimada en su origen, puede resultar exageradamente desproporcionado, en ocasiones, su mantenimiento universal en los buscadores de Internet”.

Artemi Rallo ha recordado que según el criterio de la Agencia ningún ciudadano que no goce de la condición de personaje público, ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a que sus datos de carácter personal circulen por la Red de por vida sin poder corregir la inclusión de los mismos en un sistema de comunicación universal como Internet. Para ello, ha dicho, “existen mecanismos como el derecho de cancelación, tutelados por la Agencia”.
Asimismo, ha resaltado la idea de que en Internet, “no todo vale” y, de que entre todos, “deberemos contribuir a evitar que contenidos indeseables sigan volcándose y alojándose en Internet con impunidad”. En este sentido, ha reclamado la necesidad de fijar estándares internacionales que definan reglas de garantía de la privacidad para Internet. Estas iniciativas, ha dicho, deben dirigirse, muy especialmente, a la protección de los menores, evitando que puedan convertirse en las víctimas más perjudicadas por la aparente ausencia de reglas, y de igual modo para el conjunto de usuarios de la Red al objeto de que no banalicen el uso ni los riesgos de Internet.

Finalmente, ha incidido en la necesidad de impulsar acciones de información a los menores para que, de manera sencilla y comprensible, conozcan los riesgos a que están expuestos y ampliar la cultura de los padres en este ámbito para que adopten una posición activa sobre el uso de las nuevas tecnologías, y estimular el uso consciente de los servicios en la Red.