La primera y más importante es que evidentemente solo puede jugar siguiendo las reglas del juego o sea la legislación vigente, que es excesivamente comprensiva con el uso comercial de nuestros datos. La legislación, como todos sabemos, no la hace la Agencia sino un grupito de elegidos, bien pagados e irresponsables (en el sentido de que en la práctica únicamente responden de sus actos ante la Historia) y que trabajan en un imponente edificio que se llama Congreso de los Diputados.
- Carece de potestad para sancionar los incumplimientos cometidos por las administraciones públicas, siendo su labor meramente pedagógica. Evidentemente las multas a la propia administración no tienen sentido ya que las pagamos los contribuyentes. En estos casos el papel de la Agencia se limita a proponer medidas disciplinarias personales. Lo lógico sería que fuese la propia Agencia quien ejecutara dichas medidas con la gravedad que estimara adecuadas (destitución del responsable político, sanción al funcionario, etc.) en casos de negligencia descarada o de beneficio económico o político. Un ejemplo de esta ineficacia se ha producido hace poco con una serie de hospitales de Barcelona que han cedido los historiales médicos a una empresa contratada por la Generalidad de Cataluña para estudiar el uso del idioma. Mientras que los hospitales privados han sido sancionados con 60.000€, los dirigentes de los hospitales públicos han sido “regañados” para que no lo vuelvan a hacer.
- La Agencia está centralizada en Madrid y carece de delegaciones en otras ciudades. Imposibilidad de tramitar denuncias por Internet.
- La falta de medios según manifiesta la propia Agencia en sus Memorias anuales. A pesar de los importantes aumentos en personal y dinero sigue estando en un estado de precariedad precisando:
- Más personal, (en 2006 la plantilla es de 113 empleados).
- Más presupuesto (en 2006 fue de unos 9,5 millones de euros)
- Más agilidad en la gestión económica - La actuación inspectora por iniciativa propia es muy escasa (el 7% en 2005)
Otra limitación es su filosofía de actuación guiándose por criterios políticamente correctos y por un concepto de Intimidad, mejorable. Lo cual probablemente esté relacionado con el sistema de nombramiento del Director de la Agencia. - El Director, aunque goza de total independencia en su actuación, es nombrado cada 4 años, de forma “camuflada”, por el Gobierno. No recuerdo ningún enfrentamiento de la Agencia con el Gobierno por oponerse a sus decisiones. Artemi Rallo, el Director actual ha sido diputado por el Partido Socialista.
Si bien las sanciones suelen ser elevadas (por ejemplo el envío de un correo electrónico no solicitado acaba de ser sancionado con 1000€) cuando se trata de grandes empresas, como Telefónica, la sanción máxima de 600.000€ (= 100 millones de pesetas) es calderilla para sus beneficios multimillonarios.
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