POLICÍA Y SOCIEDAD

Hace tiempo que me intriga el comportamiento de la policía española. Por una parte, sus miembros más jóvenes han nacido en Democracia y sus dirigentes han sido designados por gobiernos democráticos, lo que implicaría que el colectivo es más o menos igual de democrático que la sociedad española actual.
¿Cómo pueden poner por delante la eficacia y comodidad de su trabajo frente a derechos fundamentales de los ciudadanos?
¿Por qué ese empeño en el control del ciudadano por encima de su libertad e intimidad?
Cuando se quitan el uniforme son ciudadanos que lo sufren, también cuando se jubilan o cambian de profesión. También les ocurre a sus familiares y amigos.

Me comenta un compañero que conoce un poco este colectivo, de que realmente no es representativo de la población ya que las personas que entran en la Policía tienen mentalidad de Control sobre todo lo demás ya que ellos son los buenos y el resto, lo tienen que demostrar. Además, están sus ansias de poder gremial, al igual que cualquier otro colectivo, que les hacen aspirar a cuantas más posibilidades legales mejor.

Creo que para centrar un poco más el tema es bueno recordar que la Policía se siente un colectivo diferente que siempre contará con el respaldo absoluto de los gobernantes, que no pueden prescindir de ella, por lo que algunos de sus miembros se pueden saltar la legalidad con tal de conseguir “éxitos” policiales en la lucha contra la delincuencia.

Los apuros de los ciberpolicías
El País, titula así una noticia en la que publicita las críticas de los Mandos de la Policía y la Guardia Civil por las dificultades legales para perseguir los delitos cometidos a través de Internet. En concreto se quejan de que precisan la autorización del Juez para que un Operador de Internet identifique al usuario sospechoso ya que el Juez tarda 6 semanas o cuando se trata de delitos menos graves como son los de piratería no la obtendrán. Vamos, que estamos en un caso de policías que les gustaría simultanear también el papel de jueces. Afortunadamente, el Juez y el Fiscal están inventados para dirigir la investigación policial.
Criminalización de Internet
Nuestros policías proporcionan un dato muy interesante para desmontar la obsesión que hay por relacionar Internet con delincuencia: en lo que llevamos de año se han detectado 5.275 infracciones penales usando Internet. Cifra ridícula si la comparamos con los delitos que se producen fuera de Internet: los juzgados penales cerraron el 2006 con casi un millón de causas en tramitación.
Tanto El País como El Ministerio del Interior (Policía) han sido merecedores del premio de “Defensa de la Propiedad Intelectual” que otorga la industria del software.

Un ejemplo de ahora
Estos días es noticia en Cataluña que el Fiscal acusa de lesiones, torturas, atentado grave contra la integridad moral, detención ilegal y una falta de maltrato de obra a varios agentes de los Mossos d’Esquadra al detener a una pareja de ciudadanos rumanos, solicitando penas de hasta 10 años. La actuación del Gobierno autonómico es impresentable: a pesar de que diversos testigos presenciaron la brutal detención considera que son inocentes y les paga el abogado.

La exclusiva que concede el Estado a la Policía para ejercer la violencia en caso de necesidad en defensa de las leyes es materia extremadamente sensible para que se controle al máximo la formación y actuación de sus miembros y no degenere en terror policial.
Hay que sospechar que cuando se descubre algún caso grave, hay muchos más leves que han creado el ambiente propicio para que se produzca el caso grave.

¿Cuántos controles por sorpresa hacen los Jueces y Fiscales de Guardia en las Comisarías?