El Consejo Constitucional francés (equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) ha avalado con reservas la realización de pruebas genéticas a los emigrantes que soliciten la reagrupación familiar para evitar fraudes, medida totalmente desproporcionada y muy criticada por violar la intimidad, pero también ha declarado inconstitucional la posibilidad, que autorizaba la nueva ley, de poder realizar estudios estadísticos sobre el origen étnico de la población.
La reciente historia nos debe hacer temblar ante las bases de datos que recojan los datos raciales.
Un fuerte aplauso por esta decisión.
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