Tras los atentados del 11 de septiembre tanto la ONU como la Unión Europea establecieron una base de datos de personas y organizaciones sospechosas de apoyar a grupos terroristas como Al Qaeda para la lucha contra el terrorismo internacional.Los inscritos en estas listas son objeto de sanciones, como la congelación de bienes y la prohibición de viajar al extranjero.
La lista de la ONU incluye a 362 personas y 125 empresas u organizaciones, mientras que la de la UE la forman 26 individuos y 28 organizaciones, entre ellas Hamás y ETA.
Un nuevo informe para el Consejo de Europa, elaborado por el senador suizo Dick Marty, quien ya investigó las cárceles y los vuelos secretos de la CIA en el continente, critica la ausencia de "derechos de defensa" para las personas incluidas en estas listas, ya que "el proceso no prevé ninguna garantía", contrariamente a lo que disponen las convenciones internacionales y europeas. “A menudo un país propone incluir a una persona en la lista sin proporcionar razones detalladas al comité de sanciones" de la ONU, que "da su acuerdo sin escuchar ni informar al interesado". Además, "es prácticamente imposible" lograr que se retire un nombre de la lista negra aunque se demuestre su inocencia.
Esto parece una chapuza. Si no somos capaces de respetar las reglas democráticas perdemos eficacia en nuestra lucha contra el terrorismo.
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