DERECHO A LA INTIMIDAD VS DERECHO DE DEFENSA

Ocho de la tarde. Una mujer de 31 años está bañando a sus hijos en su casa. Suena el timbre y aparecen dos agentes de la Guardia Civil. Han ido a entregarle, en mano, una citación para que declare al día siguiente en la Comandancia. "Usted practicó un aborto en febrero de 2007", le dicen. Le explican que tienen el expediente suyo de la Clínica de interrupción de embarazos Isadora y que están investigando unos supuestos abortos ilegales.
Esta mujer poco se podía imaginar que un año después de practicado el aborto irían a buscarla a su propio domicilio, por la noche, con sus hijos delante, y sin tener en consideración que quizá su familia desconocía su decisión.
Las citaciones para declarar como testigo se pueden mandar por medios como el correo o telegrama. No es necesario que se entreguen en mano.

Este Blog defiende el libre albedrío y la intimidad. Soy consciente que el tema del aborto es espinoso y muy polémico, en el que nadie puede decir la última palabra y no voy a entrar en él, pero en el caso de llegar a abortar, el hecho debe quedar en la más estricta intimidad.
Con independencia de nuestro mayor o menor acuerdo con la legislación vigente, el anonimato de las mujeres que abortan ha de defenderse hasta el límite, vistas algunas actuaciones judiciales recientes.
Los jueces, como personas humanas, pueden ser buenos, regulares o malos profesionales, y por tanto más o menos justos o injustos. Tenemos ejemplos muy diferentes:

A) José Sierra Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Decide investigar a raíz de una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Importa, si la Clínica Isadora vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid también investigar si practicaba abortos ilegales. Para ello encarga a la Guardia Civil que revise los historiales médicos e interrogue a las mujeres que han abortado. Ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos y a tres de sus médicos como imputados, que se han negado a declarar. Rechaza la petición del Fiscal de que las mujeres declaren en el juzgado con todas las garantías a su intimidad.
Este Juez tras rechazar inicialmente a dos grupos antiabortistas (Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y el Parido Social Europeo) para personarse en el proceso como Acusación Popular, finalmente ha admitido a otro, Alternativa Española, que tendrá derecho a conocer las identidades de todas las mujeres que han abortado.

B) Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. Investiga la práctica irregular de abortos en las clínicas CB Medical Ginedemex y Mayrit para lo que solicitó TODAS las historias clínicas de las mujeres que abortaron durante 2007.

C) Elisabeth Castelló, titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona. Investiga los presuntos abortos ilegales ocurridos en las cuatro clínicas del médico Carlos Morín en Barcelona. La Guardia Civil se incautó de todas las historias clínicas de las pacientes que se habían sometido a la interrupción voluntario de su embarazo en el 2007 en los centros de este médico, unas 2.780. Inicialmente unas 200 mujeres declararon como imputadas por haberse sometido a interrupciones de embarazo presumiblemente ilegales, pero todas ellas ya han sido exculpadas por la jueza instructora, al entender que no se las puede responsabilizar porque abortaron con el convencimiento de que su actuación era legal. Únicamente ha incorporado a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan motivos fundamentados de imputación. Decide mantener en secreto la identidad de las mujeres, decisión que es recurrida por el abogado de uno de los médicos imputado ante la Audiencia.

D) Los tres jueces de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona han ordenado en dos ocasiones a la juez Elisabeth Castelló que levante totalmente el secreto de las actuaciones y facilite a los abogados los nombres de las mujeres que interrumpieron sus embarazos ya que el Derecho a la Intimidad no puede estar por encima al Derecho de Defensa.

Reacciones de protesta ante esta situación:

A) La Asociación Jueces para la Democracia defiende que la investigación sobre abortos ilegales que se desarrolla en varios juzgados españoles se ejercite "de forma compatible con el absoluto respeto a la intimidad personal y familiar y a la dignidad de las mujeres afectadas". Señala igualmente que la acusación popular ejercida en estos casos (sin mencionar cuáles son dichas organizaciones) "no debe suponer nunca una perversión de la democracia, lo que ocurre cuando se hace un uso abusivo y desproporcionado, con motivaciones espurias de tipo moral o político, disociadas del verdadero fin de la institución, que es la participación del pueblo en la Administración de la Justicia".

B) María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, anunció que la Fiscalía recurrirá la decisión “inaudita e inaceptable” de la Audiencia de Barcelona y
lanzó un mensaje de tranquilidad a las mujeres implicadas y opinando que esa decisión de la Audiencia vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y desprecia su intimidad y la confidencialidad de sus datos.“No vamos a resignarnos, no vamos a aquietarnos ante decisiones de esta naturaleza; sencillamente, no lo vamos a tolerar”, aseguró.
Esta declaración provocó la reacción del portavoz del Consejo General del Poder
Judicial, que opinó que De la Vega había hecho una “auténtica descalificación” del trabajo de los jueces.

De la Vega también nos informa que El Consejo de Ministros ha acordado el contenido del futuro Decreto que preparan los ministerios de Sanidad, Igualdad y Justicia para garantizar la confidencialidad de las mujeres que abortan acogiéndose a la ley, que servirá también para quienes hayan interrumpido su gestación antes de que entre en vigor esta normativa, previsiblemente durante este año. El proyecto de decreto propone que todos los centros públicos y privados separen el historial clínico de los datos personales de las pacientes, que quedarán ocultos bajo un código que se les entregará al inicio del proceso y que se desvelará sólo en los casos en que haya autorizaciones judiciales por medio, es decir estará vedado a las autoridades administrativas, y sólo en caso de denuncia expresa y concreta que dé lugar a la apertura de unas diligencias en un juzgado se podrá investigar. Está claro que esta nueva normativa solo va ha impedir que los inspectores de las comunidades autónomas puedan conocer las identidades de las mujeres que han abortado pero no que los abogados las conozcan, y por tanto existirá la posibilidad de divulgarla para castigo público de todas ellas. Esta normativa debería ser complementada con la consideración de todas las mujeres como Testigos Protegidos que se identifican durante el Juicio con un código.

Determinados grupos ultracatólicos españoles llevan años intentando utilizar torticeramente la Justicia contra los médicos que investigan con células madre o que practican abortos. Para ello se dedican a interponer denuncias que habitualmente son rechazadas hasta que encuentran determinados policías, jueces o fiscales más comprensivos. También apoyan y defienden jurídicamente ese regalo que se hizo al personal sanitario, de permitirles la Objeción de Conciencia. Aunque finalmente no halla condenas, habrán triunfado.
Con origen en EE. UU. se aprecia por Europa y España un auge del papel público de las religiones y de sus representantes en la tierra. G. Bush ha hecho lo posible por convertir EE.UU. en lo que Frank Zappa ya presagiaba por los años 80: una teocracia fascista en la que unos pocos con acceso al poder deciden no solo sobre el bien y el mal sino también sobre los justo o lo injusto. Además de neocons también hay muchos teocons.