Nos alegra que algunos responsables tengan claro el tema de la Videovigilancia.Leemos en el diario extremeño Hoy que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Márquez de Prado, preside la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que decide sobre la instalación o no de cámaras en la vía pública. En los cinco años que lleva en el cargo, sólo se han realizado cuatro peticiones y en los cuatro casos se decidió no dar permiso para las instalar las cámaras. «Han querido instalar cámaras en zonas de daños a coches, de pintadas, de destrozos en mobiliario urbano... pero no se ha concedido porque la normativa es muy restrictiva».En la práctica, quien tiene la última palabra en la concesión del permiso para instalar cámaras de vigilancia en las calles es la Delegación del Gobierno, pero si la Comisión presidida por Julio Márquez de Prado no da el visto bueno, la Delegación del Gobierno tiene que acatar esa decisión. En el caso de que la Comisión diga que se pueden colocar las cámaras, la Delegación del Gobierno es quien decide, y puede rechazar el informe o aceptarlo.
La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, se muestra reacia a la proliferación de cámaras en la calle, «es que estas cámaras pueden conculcar otros derechos, como el derecho al honor, el derecho a la intimidad, o el derecho a la libre circulación», afirma. Explica que hay que ser restrictivos, «hay que tener en cuenta qué interés se lesiona, si es el derecho fundamental de todos los ciudadanos al honor, a la intimidad, el que se pueda pasear por las calles y poder dar un beso a su novia o a su novio sin que nadie lo tenga que estar viendo a través de una cámara».
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