OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL LIBRE ALBEDRÍO

martes, 30 de septiembre de 2008

LOS HOLANDESES ESTARÁN NUMERADOS

El año pasado entró en vigor en Países Bajos una ley que impone a cada ciudadano un único número de identificación (BSN). A nosotros el tema nos suena porque si ya teníamos el número del DNI desde Franco, Hacienda lo perfeccionó transformándolo en el NIF.

¿Todo son ventajas? Son destacables algunos riesgos:
El Centro para la Prevención del Abuso de la Identificación Obligatoria ha manifestado serias reservas respecto al buen funcionamiento del BSN. Según este Centro, el nuevo sistema no estipula claramente cómo se garantizará que los datos vinculados al BSN sean utilizados exclusivamente por las personas facultadas para ello. Al mismo tiempo, se corre el riesgo de que un error cometido en una instancia se extienda a todas las otras, y no se sabe a ciencia cierta cómo este tipo de errores podrá corregirse. Se teme también que los ciudadanos ya no tengan más control sobre cómo se manejan sus datos personales.

Los avances tecnológicos permiten hoy día que los datos personales se distribuyan fácilmente a través de la Internet. El ciudadano debería tener la posibilidad de saber y tener voz sobre qué datos están en manos de qué instancias. Para hacer posible esto, es necesario poder compartimentar la información, y esta compartimentación se vería justamente dificultada por la introducción del BSN.
Hete aquí un importante desafío de este nuevo sistema: si bien combatiría el fraude de identidad cometido por ciudadanos, también aumentaría el riesgo de que funcionarios corruptos introdujeran datos "erróneos" en sólo una computadora: el sistema hace el resto del trabajo. Para evitar esto, se debería aumentar el nivel de seguridad en el intercambio de datos, lo que contravendría uno de los objetivos principales del Estado: ser más accesible a la ciudadanía.
Se trata de un dilema en el que está en juego el derecho a la privacidad del ciudadano frente a un aumento de la efectividad. Bien utilizado, el sistema puede mejorar los servicios estatales, y ser de beneficio para todos. Los riesgos sin embargo no son pocos. El tiempo, junto a los avances tecnológicos a venir, determinarán si esta decisión del Parlamento holandés ha sido correcta.

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