VIDEOVIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS

Ante la demanda enfermiza de Seguridad total que se ha instalado entre nosotros desde que somos ricos y nos atrapa el pánico a perder la vida o las posesiones, se están produciendo dos fenómenos destacables, por un lado la privatización de la seguridad sustituyendo a los funcionarios por vigilantes privados, y por otro, la investigación y desarrollo de potentes tecnologías que hacen posible el control de la totalidad de la población, que pasa a ser considerada sospechosa, y que relegan el papel de los vigilantes humanos a saber consultar bases de datos o grabaciones de cámaras.

Este comentario viene a cuento ya que el otro día tropecé con un violador de la intimidad que por nuevo me llamó la atención. Subo a un bus de Barcelona, me dispongo a pagar e inmediatamente me llama la atención una pantalla en el salpicadero del conductor con mi imagen. Como no hay gente entablo conversación con el amable conductor que me explica que hay tres cámaras que graban imágenes y audio y aunque no sirvan para evitar la actuación de los carteristas, evitarán agresiones a los conductores y demandas infundadas de viajeros que alegan que se han lesionado en el bus. No me dice que la colocación de mamparas era la solución preferida por la mayoría de los conductores o que la estadística de agresiones no justifica la videovigilancia masiva (además, de que probablemente nos las impida).

Ya hemos comentado en varias ocasiones que respecto a la videovigilancia hay que hacer como mínimo tres distinciones:

1. Nuestra legislación únicamente regula la instalación de cámaras de videovigilancia en la calle que precisa una autorización que se concede obteniendo un informe favorable de una Comisión provincial. También en casos concretos se colocan por orden del Ministerio del Interior (caso de Bancos)

2. Por otra parte, la instalación de cámaras para regular el Tráfico es decisión exclusiva del ayuntamiento correspondiente o de la Dirección General de Tráfico. La realidad es que cada vez hay más casos de ayuntamientos que instalan cámaras de potente zoom con otras finalidades, como son evitar actos de vandalismo sobre el mobiliario público, robos en comercios, prostitución, etc., saltándose olímpicamente la legalidad pero contando con la impunidad que les confiere jugar con el dinero de los demás y la complicidad del resto de autoridades que salvo honrosas excepciones, miran para otro lado o incluso lo ven con buenos ojos ya que proporciona sensación de Seguridad y por tanto votos.

3. Finalmente, hay que considerar la videovigilancia implantada por empresas y particulares en sus locales. Este es un verdadero cajón de sastre, donde caben casos muy dispares:
- Cámaras en casa para vigilar a la canguro
- las que instala la comunidad de propietarios en la escalera
- En los comercios o farmacias para evitar hurtos
- Organismos públicos para control de accesos
- Empresas para el control laboral de los curritos
- En transportes públicos (metro, bus, taxi)
- Etc, etc, etc.
En este apartado, el desmadre es total y hasta la fecha la impunidad era absoluta llegando a instalarse numerosas cámaras enfocando a la vía pública sin ningún permiso.
Ha habido que esperar a que se presentaran las primeras denuncias para que la Agencia Española de Protección de Datos haya empezado a sancionar únicamente en el caso de las cámaras que filman la vía pública. En el resto de situaciones, lo único que se exige es la colocación de un cartel informativo y poco más. Se interpreta que aunque los espacios sean públicos cada empresa puede colocar las cámaras que le de la real gana aunque esto suponga la violación de la intimidad del ciudadano que accede a esos lugares y si no le gusta, ¡que no vaya!
¿En el fondo, qué diferencia que te filmen cuando caminas por la acera, en una farmacia, viajando en autobús, o tomado café en el bar de la esquina? Todo es espacio público necesario para desarrollar una existencia normalita. No hay más elección para el ciudadano que pretenda mantener su anonimato que colocarse una máscara, en cuyo caso, será considerado “sospechoso” y tendrá más problemas que una mujer con el burca al subir a un avión con destino Estados Unidos.
Creo imprescindible que la colocación de cámaras en todo tipo de espacios públicos requiera una autorización que tenga en cuenta su proporcionalidad, e imposibilidad de medidas alternativas aún que tengan mayor coste, pues la justificación habitual es el bajo coste de esta tecnología.
Como siempre habrá ciudadanos que opinen que les es indiferente que les filmen o que se sienten más seguros. Este no es el problema sino que se pisotea el derecho de los honrados ciudadanos que no desean ser filmados. Se podría comparar con la situación del humo del tabaco en los locales públicos cerrados.

En esta situación llega la noticia de que un profesor (Luis Leante) de un Instituto de Alicante harto de ser filmado cada día ha arrancado las cámaras que puso la Dirección (Marina del Carmen Sanz) por lo que ha sido tratado como un delincuente (como el valor de las cámaras es de unos 1000€, se considera delito) siendo detenido, su casa registrada, durmiendo en Comisaría entre delincuentes de los de verdad y siendo puesto en libertad con cargos a la espera del juicio. Leante ha declarado que no ha robado ninguna cámara, sino que las desconectó y dejó en la biblioteca del instituto.
Si la justificación para instalar las cámaras es desproporcionada: “para salvaguardar el material escolar, así como para facilitar el control en el patio, de grandes dimensiones”. También lo es la actuación de la Directora.
Tanto Leante como otros miembros del claustro se muestran contrarios al sistema de videovigilancia instalado y su detención provocó un movimiento de solidaridad entre los alumnos que con unas improvisadas pancartas expresaron su solidaridad con el profesor: "Estamos contigo". "Bienvenidos al IES Gran Hermano". "Las cámaras te vigilan". "No somos concursantes de Gran Hermano".

Nuestra total solidaridad con este profesor. ¡Ánimo Sr. Leante!

La VideoVigilancia en lugares públicos es en general una medida desproporcionada. Los medios han de ser proporcionales a los fines y en este caso es como “matar moscas a cañonazos”.