La defensa de la Intimidad tiene muchos frentes abiertos y la escasa cultura sobre su importancia hace difícil protestas que no sean minoritarias.Hoy quiero llamar la atención sobre la política de muchos ayuntamientos que están llenando nuestras calles de cámaras de vigilancia en un claro abuso de la legalidad vigente.
Los ayuntamientos están autorizados a instalar cámaras exclusivamente para la vigilancia del tráfico, no para misiones de seguridad ciudadana, en cuyo caso han de ser autorizadas por comisiones provinciales dependientes de la Administración Central. Para saltarse este requisito, estos ayuntamientos justifican hasta la saciedad que sus cámaras son para regular el Tráfico, pero en voz baja prometen más seguridad a comerciantes y vecinos. Entre tanto, la Agencia Española de Protección de Datos, las Agencias autonómicas de protección de datos o las Comisiones provinciales de videovigilancia miran para otro lado, con honrosas excepciones como en Ceuta.
Un problema añadido es que si más adelante se quiere atajar la situación, en lugar de obligar a desmontar las cámaras, no habrá más remedio que legalizarlas como ha ocurrido con miles de urbanizaciones ilegales. En esto los ayuntamientos tienen mucha experiencia.
