Difícil resulta para cualquier ciudadano, aunque no lo sepa, pasar desapercibido por los rincones de los barrios más céntricos de la capital. Y qué decir de los medios de transporte y de algunos hospitales e incluso centros de enseñanza. Madrid y otras ciudades de su entorno están plagadas de las llamadas cámaras de videovigilancia, tan reclamadas por algunos vecinos como denostadas por otros.
La Plaza Mayor fue el primer espacio público en que el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón instaló 26 de estos ojos indiscretos. Comenzaron a funcionar a mediados de diciembre de 2005, de cara a aquellas Navidades. El objetivo: llevar a cotas mínimas los niveles de delincuencia en ese enclave del Madrid de los Austrias. ¿Los resultados? Las estadísticas nunca se han dado a conocer. Algo parecido ocurre con el eje Sol-Montera-Gran Vía-Plaza de la Luna, otro «plató» prometido en la última campaña electoral por Ruiz-Gallardón. La prostitución sigue campando a sus anchas, aunque, en la zona de los cines Luna, siempre deprimida, se ha incrementado la presencia policial para evitar males mayores. Ya lo comentaba una prostituta de Desengaño: «A los clientes lo que les asusta son las cámaras de televisión, pero no éstas».
Ahora, la idea es colocar otros 36 objetivos en Lavapiés, pese a que el alcalde dijo en 2005, aunque no lo descartó, que no había intención de trasladar la videovigilancia a otros barrios del centro. Lo que está aún por ver es la idea que ronda a los próceres municipales de colocar cámaras en otros distritos no tan céntricos. Pero eso está por ver.
El barrio de las Letras también tiene cámaras, aunque están dedicadas a vigilar más a los conductores que a los transeúntes. Hay que tener la pertinente autorización para poder circular por calles como las de las Huertas. Si no, multa al canto. Ahí sí que están dando resultado, aunque también tenemos un ejemplo muy diferente y reciente: el crimen cometido el pasado lunes en la calle de la Verónica, donde las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento de la agresión mortal de un toxicómano a otro.
Más allá del debate del derecho a la intimidad -estas cámaras graban, pero sólo se guardan las imágenes durante una semana, cuando son destruidas, a excepción de que se requieran como prueba judicial-, está el debate de la seguridad. Por ello, a nadie extraña que la red de Metro, por ejemplo, esté plagada de este sistema de videovigilancia.
O las grandes superficies comerciales, galerías de arte, algunos hospitales, como el Doce de Octubre, los túneles subterráneos, el paseo de la Castellana, las galerías de servicio, los pasos subterráneos o, incluso, algunos centros educativos, como el Instituto de Educación Secundaria San Cristóbal de los Ángeles o 19 colegios públicos de Alcorcón.
Y muy pronto le llegará el turno a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Se acaba de cerrar el concurso público para el gran proyecto de colocación de cámaras de videovigilancia en estos vehículos de transporte público, de cara a mejorar la seguridad en el servicio y en las condiciones de trabajo de sus conductores.
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